A pesar que destruyeron el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales), que garantizaba el derecho de los ciudadanos a acceder a la información pública y protege sus datos personales, el gobierno reserva todo aquello que implique ser exhibidos por su pública corrupción y/o su incapacidad para gobernar, o ambas.

El obradorato ha condenado al país a vivir sin conocer qué pasa en el gobierno y los recursos públicos, no hay transparencia, sino una gran opacidad en todos los rubros. Hoy la inquilina de Palacio Nacional, se reserva dar a conocer las órdenes del gobierno de Estados Unidos con los desgastados argumentos, “cooperación sin subordinación; Mexico lo gobierna el pueblo, nosotros no tenemos nada que esconder, etc.” 

En el gobierno de López Obrador declaró como reservados o confidenciales documentos sobre el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, los contratos para la compra de vacunas, datos de muertes sobre Covid, el avión presidencial, el operativo contra Ovidio Guzmán, y ahora la inquilina multicitada, el peritaje del descarrilamiento del Tren Interoceánico, por mencionar sólo algunos. De agua forma, reservó hasta el 2030 los estados financieros de Pemex.

El acceso a la información de los “acuerdos de cooperación sin subordinación” (ironía) al gobierno de México realmente resulta innecesaria, los hechos contradicen la monserga matutina. El envío de ayuda “humanitaria” a Cuba, es una concesión que acompaña el envío de suministros de Estados Unidos a la dictadura cubana, en una explícita estrategia como en Venezuela, en la que los gringos sean sus salvadores, que en los hechos los son, a los ojos de los aterrorizados venezolanos.

Sin embargo, hay información que sin reservarla oficialmente, obvia la intención de hacerlo para salvar al obradorato y el régimen de Morena: la relación de políticos metidos a terroristas (narcotraficantes), lavadores de dinero, cómplices en el trasiego de armas, de combustibles, pero sobre todo, los nombres que exigen la DEA y el FBI para procesarlos. El gobierno de Donald Trump tiene los datos que exige, mientras el gobierno de México que se resiste a entregarle.

Después de Cuba sigue México vía aranceles