Por Carlos Pavón Campos. Ni las películas ni las series de televisión se atrevieron a tanto. Hoy la realidad nos superó una vez más. Estamos viviendo en un país donde un séquito de diputados y senadores ocupan su tiempo, sus poderes políticos y el pretexto de una falsa defensa de la soberanía nacional para abogar por un político acusado —no sé de qué tantas cosas—.

El comportamiento entreguista de las y los legisladores con el caso Rocha Moya nos lleva a un panorama aún más claro del papel y la gran deuda de los diputados y senadores con el pueblo; en pocas palabras, lo que hacen es mentarnos la madre.

¡No estás solo!", le gritaban los legisladores al gobernador de Sinaloa y a nadie le quedaba duda. Los que estamos solos somos los ciudadanos. Políticos afines al poder son defendidos con infinidad de recursos, discursos y hasta propaganda; pero, ¿qué pasa si es un mexicano de a pie? El panorama cambia totalmente.

En México existen poco más de 9 mil personas laborando en las defensorías públicas, pero solo 5 mil se encargan de litigar ante los tribunales. Según cifras del INEGI de 2023, esto se traduce en una carga laboral asfixiante: cada abogado gestiona simultáneamente entre 150 y 200 expedientes. Ante tal saturación, ¿qué defensa real puede ofrecer un abogado cuando, además, se registran anualmente más de un millón de nuevos casos en los penales del país?

Pues la respuesta la dan las cifras: se estima que el 80 por ciento de las y los mexicanos que enfrentan un juicio penal dependen de un defensor de oficio. 

Por ello, lo que estamos viendo con las y los legisladores y la infinidad de recursos gastados en la defensa de un solo mexicano, no solo nos debería de importar, sino de indignar. Un dato más: al cierre de 2024, de los 236 mil presos que hay en México, 95 mil —es decir, casi el 40 por ciento— están en la cárcel “por si acaso”; es decir, aún no reciben sentencia, no se les ha comprobado si son inocentes o culpables.

Pero como siempre, Zacatecas y sus legisladores dan cátedra del clásico “siempre se puede un poquito más”. La hipocresía política en nuestro estado tiene números claros. Mientras nuestra Legislatura estatal se asegura presupuestos millonarios para 'gestoría' y comunicación — en los juzgados de Fresnillo o la capital, la justicia camina a paso de tortuga.

Ejemplo de ello es que el 45% de los internos en Cieneguillas no tiene una sentencia; son cientos de paisanos que, siendo legalmente inocentes, viven en el olvido porque no hay suficientes defensores de oficio. 

Pero no solo se trata de las y los mexicanos que están en las cárceles; cientos de ciudadanos tocan a diario los Congresos para solicitar una cita, pero el resultado es como si pidiéramos medicinas en el IMSS: “Vuelva mañana”. Y es que, de cada 10 solicitudes directas, solo dos personas son atendidas por un legislador; el 80 por ciento restante es referido a asesores o a secretarios técnicos.

Testigos de ello, son los mineros estafados por otro de los compadres del sistema, el Napillo, cientos de trabajadores han recibido infinidad de negativas de las y los legisladores, nadie quiere tomar el tema del robo de los 55 millones de dólares. Una vez más el poder al servicio de un solo morenita. 

Y sí, para que se dé una idea de lo jodidos que estamos los zacatecanos, el tiempo de espera para ser atendido por un legislador va de los 3 a los 6 meses, de acuerdo al Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE) del INEGI y reportes de transparencia del Congreso de Zacatecas.

¿Si no legislan en favor de las y los mexicanos? ¿Si no atienden a los ciudadanos y delegan a asesores? ¿Si no acuden a las sesiones? ¿Si no cumplen lo que prometen en campaña? Entonces… ¿Qué carajos hacen?

La sencilla gestión por tres años de un diputado sin resultados nos cuesta a todos los mexicanos casi 6 millones de pesos, y los 6 años de un senador nos llegan a costar casi los 20 millones de pesos. ¿Se imaginan cuántos defensores de oficio podríamos pagar con el salario de un diputado o un senador?

Es momento de mirar hacia donde todos prefieren callar. Las y los mineros hemos aprendido que el silencio es cómplice, y ya no estamos dispuestos a mantener a una casta política que cobra millones para administrar el olvido. Zacatecas y México necesitan representantes, no guardaespaldas. Den resultados claros o asuman el costo del desprecio ciudadano. El tiempo de las excusas y las citas con palanca se terminó.